Comunicado Uruguay Libre – 18/02/2015

ADÓNDE LLEVAN LOS NUEVOS PRIVILEGIOS CONCEDIDOS A ARATIRÍ

Una ley para prorrogar por un año la negociación del contrato con la minera Aratirí y la propuesta simultánea de su dueño Pramod Agarwal de un proyecto también a cielo abierto pero diez veces menor, son maniobras que conducen a un mismo fin, la entrega del territorio uruguayo a un proyecto de saqueo y destrucción de nuestras riquezas naturales al servicio de la especulación financiera internacional.

Luego de sostener que la modificación de la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126) era una iniciativa de carácter general, el oficialismo pasó a defender la prórroga del plazo de negociación alegando que es necesaria para evitar un juicio de Aratirí. A menos que existan documentos firmados por el Poder Ejecutivo que no se han dado a conocer a la población, esta argumentación carece de fundamento legal.

Los títulos mineros y la actividad realizada por Aratirí hasta el presente no generan ninguna obligación económica al gobierno uruguayo. Los gastos de la minera son la inversión de riesgo que realiza cualquier empresa para viabilizar un proyecto y el estado no está obligado en ningún caso a resarcirlos. En cuanto al valor de la información geológica que pueda haber generado la minera en esa fase, la ley 19.126 previó específicamente un procedimiento para aplicar en este caso.

El artículo 37 de esta ley establece que, de no otorgarse la concesión o no llegarse a un acuerdo en el contrato, “el Estado uruguayo tendrá preferencia de compra de los datos contenidos en el proyecto”. Que tenga preferencia el estado quiere decir que puede hacerlo o no y, además, la ley fija un plazo de 180 días para que el Estado tome esta decisión, razón por la cual no es necesaria ninguna ley para habilitar una prórroga especial con este fin.

Dado que no existen evidencias ni razones formales que otorguen derechos a Aratirí para hacer un juicio contra el Estado uruguayo, la prórroga votada por el Parlamento es un nuevo privilegio que habilita a la minera a seguir un año más especulando con su negocio. Pero no es solo esto, anticipándose a que en ese lapso no le convenga firmar el contrato, el dueño de Aratirí, Pramod Agarwal, propuso paralelamente un proyecto diez veces menor para eludir esta misma ley.

El artículo 38 de la ley 19.126 establece que en caso de no firmarse el contrato, los títulos mineros del proyecto deben pasar al Registro de Vacancias para ser utilizados por cualquier privado que los solicite o por el propio estado. La propuesta de Aratirí es entonces una simple maniobra para no entregar los títulos del proyecto en gran escala el vencerse el plazo y conservar el valor de sus acciones cuando la empresa madre, Zamin Ferrous, enfrenta juicios por incumplimientos en Brasil y en el Reino Unido.

Si un proyecto a cielo abierto en gran escala no es rentable por los precios actuales del hierro, mucho menos lo puede ser otro diez veces menor. Es entonces una propuesta económicamente inviable en el presente, que conlleva el peligro de mantener como rehenes a esas tierras y sus productores por muchos años más. En efecto, por la reforma del Código de Minería votada en 2011, una minera no calificada como “de gran porte” puede conservar los títulos de prospección y exploración hasta 12 años.

Aratirí busca liberarse así de la firma del contrato y la presentación de las garantías económicas requeridas por la Ley de Minería de Gran Porte, que de no hacerlo antes del plazo estipulado la obligan a entregar los títulos. Con un emprendimiento reducido, puede retener esos títulos mineros con un costo mucho menor y seguir especulando por más tiempo con esos derechos, a la espera de eventuales subas del precio del metal o la aparición de interesados en comprarle el proyecto.

Queda así en evidencia cómo la Ley de Minería de Gran Porte -cuya validez constitucional cuestionamos por varios factores y, en especial, por haber sido una ley votada para favorecer a Aratirí-, trata de ser evadida por esta misma empresa cuando ya no le sirve. No se podía esperar otra cosa de Aratirí, lo grave es que el gobierno uruguayo salga inmediatamente a elogiar esa propuesta.

Aunque no prosperen los proyectos a cielo abierto de Aratirí, hay decenas de otros similares, y aunque se derogue por inconstitucional la Ley de Minería de Gran Porte, sigue vigente el Código de Minería. Por esta razón, Uruguay Libre continuará recolectando firmas para realizar un plebiscito nacional que prohíba la minería metalífera a cielo abierto ya que esta es la única solución legal definitiva a esta situación.

Movimiento Uruguay Libre de Megaminería

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