Uruguay y la Minera Aratirí – Crónica de un contrato (re)anunciado

La firma del contrato de inversión entre el Poder Ejecutivo y la minera Aratirí para la explotación del hierro de Valentines viene sufriendo una serie de postergaciones que revelan la distancia entre una decisión política y el respeto por normas legales y procedimientos técnicos y de consulta requeridos para validar social y políticamente una decisión de esa envergadura

por Víctor L. Bacchetta

La Ley de Minería de Gran Porte (No. 19.126), que comenzó a ser tratada en el Parlamento en febrero de 2013, terminó aprobada siete meses más tarde solo con los votos de los senadores
oficialistas y uno de ellos, el voto decisivo, dejó constancia de que lo hacía por fidelidad partidaria. Poco después, en declaraciones a la prensa, el presidente José Mujica anunció que para fines de noviembre estaría firmado el contrato de inversión con la empresa minera Aratirí.

El anuncio no se cumplió y, el 2 de diciembre, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería lanzó una campaña de recolección de firmas para promover la realización de un plebiscito que  decida sobre una enmienda al Artículo 47 de la Constitución.

La propuesta dice: «Prohíbese la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional» y agrega que toda autorización o concesión que vulnere esta disposición quedará sin efecto al entrar en vigencia la reforma.

En los días siguientes, el presidente exhortó a sus ministros a explicar a la población «las virtudes» del proyecto de Aratirí aunque la evaluación de los impactos sociales y ambientales a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) estaba lejos de ser concluida. De esta manera, al menos una parte del gobierno pasaba a desempeñarse como socia de la minera, ya que daba por sentado que el proyecto sería aprobado sin esperar el dictamen de los técnicos.

En el último Consejo de Ministros de 2013, el 27 de diciembre, el asunto principal volvió a ser la inversión extranjera. Mujica reclamó la aceleración en 2014 de los proyectos pendientes y se refirió en especial a la red de ferrocarril, la regasificadora, el puerto de aguas profundas y Aratirí.

En la conferencia de prensa habitual, el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, afirmó que el contrato con la minera se firmaba en enero, «a más tardar el 20 de enero»(sic).
Paralelamente, el asesor de Presidencia, Pedro Buonomo, adelantó que el contrato con Aratirí incluiría un plazo de seis meses para el otorgamiento de la autorización ambiental requerida para el inicio del proyecto. Este procedimiento había aparecido por primera vez en el contrato por la regasificadora firmado en octubre con Gaz de France, que incluyó un plazo para la autorización ambiental, so pena de renegociar el contrato o pagar una multa por el retraso.

Para minimizar este punto, que configuraba otra presión obvia sobre la Dinama, Buonomo agregó que el cronograma «no obliga al gobierno a cumplir los plazos» y que podrían darse autorizaciones parciales. No es creíble para nadie que un contrato entre el gobierno y una empresa pueda incluir disposiciones no vinculantes. Por otra parte, la subdivisión del proyecto en partes era un aspecto sobre el cual la Dinama ya se había pronunciado expresamente en contra.

El contrato con Gaz de France tampoco podía ser usado como antecedente porque la Ley 19.126, en el Artículo 25 (Exigencia de contrato), estableció que «Las disposiciones del contrato deberán ajustarse a las condiciones comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes». En la opinión de juristas como Alfredo Caputo, titular del curso de posgrado de Derecho Minero en la UdelaR, firmar el contrato con la minera sin la autorización ambiental es ilegal.

Había otras disposiciones de la Ley 19.126 que debían ser reglamentadas y cumplidas antes de formalizar un contrato, tales como las mejores prácticas mineras del Artículo 5 y el plan de cierre del Artículo 13. Asimismo, por el Artículo 6, la empresa debía contratar una auditoria del estudio de impacto ambiental y, por el Artículo 27, debe presentar una garantía por el 5% de la inversión que, según la cifra declarada por Aratirí, ascendería a 150 millones de dólares.

Opiniones en disputa
A comienzos de enero, Uruguay Libre cuestionó frontalmente la firma del contrato con la minera en tales condiciones, indicando además que la constitucionalidad de la Ley de Minería de Gran Porte estaba en tela de juicio y que se desconocía la necesidad de una consulta a la población sobre la conveniencia de ese proyecto. El día 20 el gobierno justificó la postergación de la firma con el pretexto de que no habían sido notificados todos los padrones involucrados.

En el primer Consejo de Ministros del año se volvió a tratar Aratirí. Esta vez, los ministros Edgardo Ortuño y José Bayardi alegaron que la firma del contrato, fijada ahora para el 7 de febrero, es una condición para que Aratirí realice los estudios requeridos del proyecto. El argumento no tiene base legal y la oposición solicitó que los ministros de Industrias y de Medio Ambiente concurrieran a la Comisión Permanente del Parlamento para informar sobre el acuerdo con Aratirí.

La sesión para escuchar a los ministros fue fijada para el 20 de febrero, con la cual se esfumaba la intención de firmar antes el contrato. En estas idas y venidas se supo que la minera no había presentado aún la certificación de las reservas para su propuesta extractiva. Era inexplicable cómo se podía consentir el proyecto sin ese dato, pero el gobierno dijo que no iba a revelar el contenido del contrato y, de hecho, desde ese momento dejó de dar nuevas fechas.

El mismo día en que el ministro de Industrias, Roberto Kreimerman, hablaba en el Parlamento de 15 años de operación minera y un aporte fiscal de 400 millones de dólares anuales, el presidente Mujica asumía una cifra mucho mayor y reafirmó que el país no podía renunciar a ese beneficio. En esa semana, un informe del FMI había sostenido que, en 27 años de operación de Aratirí, Uruguay recibiría un aporte de 26 mil millones de dólares, unos mil millones anuales.

En sendos comunicados, Uruguay Libre mostró que las previsiones del FMI contenían gruesos errores y que los cálculos de Kreimerman tampoco cerraban. Para corroborarlo, la organización publicó en «http://uruguaylibre.org» una planilla que permite verificar esos cálculos.

Sin embargo, la ofensiva oficialista no se detuvo, se promovieron instancias a favor del proyecto de Aratirí en ámbitos académicos y sindicales. En este proceso, la determinación política de un sector del gobierno a favor de la minera hacía que se pretendiera firmar el contrato pasando por encima inclusive de las normas legales promovidas desde el oficialismo para estos proyectos y con esto se contribuyó a desorientar aún más a la opinión pública a este respecto.

Al final, las arengas radiales de Mujica contra el «terrorismo ambientalista» y las insinuaciones de que la movilización social opositora podía estar financiada por intereses ocultos solo lograban aumentar la confusión. Al término de una sesión del Consejo de Ministros, en
plena Semana de Carnaval, donde se trató nuevamente el tema Aratirí, se dijo a la prensa que el presidente había solicitado informaciones «de primera mano»(sic) sobre la propuesta minera.

Una encuesta de opinión pública de Equipos Mori divulgada a comienzos de marzo dio cuenta de que 26% de los consultados se manifestaba a favor de Aratirí, 23% en contra, 15% no se decía de acuerdo ni en desacuerdo, 26% respondía que no había oído hablar de Aratirí y 10% que no sabía o no contestaba. En el Frente Amplio, 33% estaba a favor y 17% contra la minera, evidenciando que en el propio oficialismo el gobierno no contaba con un sólido respaldo.

A fines del primer trimestre seguía sin haberse firmado el contrato, se reconocía que la evaluación social y ambiental del proyecto requeriría varios meses más y las perspectivas de caída del precio internacional del hierro hacían dudar de la propia viabilidad económica del proyecto de Aratirí. Al mismo tiempo, la recolección de firmas para realizar un plebiscito nacional estaba confirmando la preocupación de la población por los impactos de este y otros proyectos similares.

Fuente: publicado en la revista «No te olvides», N°18, Abril de 2014.